Fotografía: Agencia AFP
El gobierno de Donald Trump pidió a la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre el fin del programa DACA, que protege de la deportación a cientos de miles de "dreamers", inmigrantes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos.
La solicitud con miras a cancelar la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un programa creado en 2012 por el expresidente Barack Obama, fue hecha a última hora del lunes, en víspera de polarizadas elecciones de medio mandato en las que Trump y el gobernante partido Republicano plantearon que la inmigración ilegal es una amenaza para la seguridad nacional.
"La pasada administración inició el DACA sin un mandato o incluso una autorización del Congreso o los tribunales; por lo tanto, esta administración puede terminar el DACA en cualquier momento", dijo el fiscal general Jeff Sessions.
El Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema, máximo tribunal de justicia estadounidense, pronunciarse sobre la legalidad del DACA, pasando por encima de cortes inferiores que bloquearon los planes del gobierno de terminarlo.
En la petición, el procurador general Noel Francisco dijo que las medidas cautelares emitidas por cortes federales han impedido finalizar este programa, que según el gobierno de Trump solo ha servido para alentar la inmigración ilegal.
Por lo tanto, Francisco dijo que es necesario que sea concedido de manera inmediata un recurso de "certiorari", el proceso mediante el cual un tribunal de mayor jerarquía puede revisar a su discreción una decisión de un tribunal inferior.
El gobierno de Trump anunció el 5 de septiembre de 2017 la cancelación el DACA, al cual están acogidos unos 700.000 de los 1,8 millones de "dreamers" que se estima hay en el país.
El presidente dio entonces seis meses al Congreso de mayoría republicana para encontrar a una solución permanente para estos jóvenes, en su mayoría latinoamericanos. Pero para marzo de 2018 los legisladores no lograron un acuerdo para resolver su estatus legal.
Mientras tanto, tres cortes federales, una en California en enero, otra en Nueva York en febrero y otra en el Distrito de Columbia en abril, consideraron ilegal la rescisión del DACA y lo restituyeron.
Estos tres fallos son los que refuta ahora el gobierno de Trump, buscando que la Corte Suprema de nueve miembros, de mayoría conservadora tras el reciente ingreso del cuestionado juez Brett Kavanaugh, apoye su decisión de cancelar el DACA.
"La ley de inmigración en este país, y el estado de los beneficiarios de DACA en particular, en última instancia, debe ser resuelto por nuestros representantes en el Congreso. El Departamento de Justicia no debería haberse visto obligado a presentar esta solicitud (...) pero no dudaremos en defender el sistema constitucional de controles y balances con vigor y resolución", añadió.